Considerando que la búsqueda de la paz con justicia social es un
asunto que le concierne al conjunto de la sociedad colombiana, nos
encontramos cerca de 20.000 personas en el Congreso para la Paz para
mandatar en torno a una agenda, y el movimiento social, que requiere el
país para encontrar una solución definitiva al conflicto social,
político y armado que nos aqueja hace casi medio siglo.
Seguimos sosteniendo que la paz no consiste únicamente en el
silenciamiento de los fusiles. A nuestro juicio, no podrá consolidarse
una sociedad en paz sin los cambios necesarios que ataquen de manera
decidida las raíces del conflicto y sin revertir las acciones del Estado
que vulneran los derechos de los pueblos. Las graves problemáticas que
vive la mayoría del pueblo colombiano son factores que profundizan el
conflicto, por esa razón avanzamos en delinear una agenda social de paz planteada
en perspectiva de superar las condiciones de pobreza, desigualdad,
marginalidad, impunidad y exclusión política que han caracterizado al
régimen político imperante, a través de la lucha organizada. Esa agenda
social de paz es expresión de los anhelos de las comunidades, pueblos y
organizaciones sociales que buscan una sociedad con una paz genuina
basada en la plena garantía de los derechos humanos y la construcción de
un país más equitativo.
Consideramos que no podrá construirse la paz sin el concurso de los
sectores sociales populares que hemos padecido la guerra. Insistimos en
que la salida al conflicto armado no le compete solamente al gobierno
nacional y las insurgencias, pues los sectores populares también tenemos
mucho que aportar en la construcción de paz. Si el cese del conflicto
armado requiere de consolidar una sociedad democrática, es necesario
empezar por democratizar la búsqueda de la paz.
Saludamos la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC-EP, es un
espacio importante en el avance hacia la paz, sabemos que ésta es
restringida porque no hay partición desde el movimiento popular, la
agenda es limitada y no están todas las insurgencias. El movimiento
popular es un sujeto real y sus opiniones tienen que hacer parte de las
salidas al conflicto y de un acuerdo nacional. La paz no es una
prerrogativa exclusiva de los armados, debe ser un propósito nacional
que vincule a diversos sectores de la sociedad colombiana. Hacemos un
llamado para que se instituyan caminos similares con el ELN y EPL para
que avancen en nuevos escenarios de diálogo.
Para nosotros y nosotras la paz tiene que ver con cambios
estructurales, por ello nuestra agenda contiene un programa que persigue
el fin del conflicto, la construcción de políticas que generen justicia
social, la defensa de los territorios, las salidas a la crisis
humanitaria, la democratización del régimen político, la lucha contra la
impunidad y la plena garantía de los derechos humanos. En ese orden,
nuestra apuesta de paz pasa por:
Un nuevo modelo económico que redistribuya los ingresos y la
riqueza, cuyo principal objetivo no sea la acumulación de capital sino
el bien-estar de la población. Un modelo que no agreda los territorios y
los ecosistemas, sino que parta de su protección, el respeto a la
naturaleza y la afirmación de la diversidad social, cultural y
ambiental. En suma, una nueva concepción de la economía que desmonte el
neoliberalismo, la dependencia, la privatización, la mercantilización,
la financiarización, el despojo y el autoritarismo.
La reinvención de la política, plantear nuevas formas de
gobernabilidad, así como nuevas maneras de defensa de lo público, para
concebir un nuevo modelo de sociedad y de Estado. Por lo tanto,
mandatamos construir política desde los territorios para construir un
nuevo Estado y una nueva forma de gobernar.
Es necesaria una transformación estructural del modelo de justicia
imperante en nuestro país, caracterizado por legitimar un conjunto de
medidas que le apuntan a garantizar el orden social y político impuesto.
Como rechazo a este modelo de justicia hegemónico, represor y elitista,
los pueblos que mandatamos paz para la vida digna concebimos urgente la
construcción de un nuevo modelo de justicia que tenga como objetivo
central la garantía integral de los derechos de los pueblos, partiendo
de los mecanismos comunitarios y populares que existen y han existido, y
proyectándose hacia las grandes decisiones judiciales que se toman en
el país, un nuevo modelo de justicia que fortalezca el tejido social de
las comunidades y responda a las necesidades concretas del pueblo
Colombiano, expresadas en la agenda legislativa de país que proponemos
como alternativa de vida digna y justicia social, así si podemos hablar
de paz.
Seguiremos luchando por salud y educación públicas, universales,
gratuitas, sin discriminaciones de ningún tipo, a partir de un enfoque
de derechos que reemplace la mercantilización de la vida. La ley 100 de
1993 y las propuestas de reforma a la educación son factores de guerra
contra la sociedad, especialmente contra los sectores populares. ¡Trabajo
digno y sin distinción de género, economía que parta de lo regional,
socialización de la riqueza y de los medios que permiten la producción,
economía propia y soberanía, una educación amplia, gratuita y de
calidad. El reconocimiento de la diversidad de pueblos que habitamos
este territorio que pasa por reconocer la autonomía y dar la
posibilidad de existencia a pueblos que han sido condenados al
exterminio!
Consideramos que para llegar al fin del conflicto es necesario
solucionar el problema histórico de la tierra y el territorio. Es
inaplazable la formulación de figura jurídica y política que garantice
el territorio y la territorialidad para el campesinado como base para
una genuina política de reforma agraria integral. Es crucial una reforma
tributaria que grave con impuestos altos a los grandes propietarios de
la tierra. Consideramos que las Zonas de Reserva Campesina son una
ganancia del movimiento campesino colombiano, consideramos fundamental
defenderlas como instrumento de la lucha de las comunidades rurales.
También creemos que es necesario generar otras figuras que solucionen
los problemas del campo abarcando todo el territorio nacional y atacando
la gran propiedad terrateniente para buscar una genuina redistribución
de la tierra y la pervivencia en el territorio. Por lo anterior, no
compartimos la sustracción de Zonas de Reserva Forestal para instaurar
Zonas de Reserva Campesina. Es necesario seguir buscando el
reconocimiento, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas y
territorios colectivos afro.
Seguiremos luchando por la suspensión de las concesiones de
territorios a empresas transnacionales. Seguiremos expulsando a esas
compañías de nuestras regiones. Buscaremos derogar las normas que
legalizan el despojo y que amenazan la vida y la permanencia en los
territorios. La minería a cielo abierto debe ser erradicada en su
totalidad. Nos oponemos a toda forma de extranjerización de la tierra y
cesión de baldíos de la nación a grandes inversionistas. Rechazamos la
posible aprobación del derecho de superficie, el vuelo forestal y demás
formas de privatización soterrada de la tierra y el territorio. Es
necesario reformar el régimen de licencias ambientales con el fin de
generar mecanismos jurídicos efectivos que protejan los ecosistemas. Las
comunidades delimitaremos Zonas de Biodiversidad para proteger los
territorios.
Proponemos una ley marco de hidrocarburos que reivindique elementos
de soberanía nacional y redistribución de la renta petrolea y gasífera.
Buscaremos que Ecopetrol vuelva a ser una empresa completamente pública
y buscaremos instituir una empresa nacional minera pública. De igual
manera defendemos el carácter público de los demás bienes comunes de
carácter estratégico para la nación. Es necesario generar una política
de pago de la deuda ambiental generada por la extracción de recursos.
Buscamos una cultura de la vida que propague una nueva ética de
sobrevivencia y de convivencia, y que libere la re-creación de la
sociedad. En ese gran propósito, será necesario consolidar un movimiento
cultural que involucre el conjunto de acciones que promuevan la cultura
de la vida, desde la educación, las comunicaciones, el arte, el deporte
y la recreación.
Asumimos el comprimiso de establecer y fortalecer los lazos con los
pueblos hermanos de nuestra américa y especialmente con movimiento
sociales y populares que encaminan sus luchas por la autodeterminación,
la soberanía y la construcción de la patria grande. Hablamos de CLOC-via
campesina, Frente Darío Santillán, Coordinadora de Movimientos
Populares de América (COMPA), Movimiento de los Sin Tierra y otros.
Buscaremos interlocusión ante UNASUR, MERCOSUR, CELAC Y ALBA en camino
de lograr acompañamiento efectivo para el proceso de paz en Colombia y
para presentar nuestra agenda de país para la vida digna.
Finalmente, como Congreso para la paz planteamos que vivimos hoy una
crisis humanitaria en nuestros territorios, como consecuencia de las
lógicas extractivitas, represivas y excluyentes que el actual régimen ha
establecido durante décadas, y que se agudiza por la existencia del
conflicto armado. Esta crisis se manifiesta, entre otras, en la
militarización de los territorios indígenas, campesinos, afro
decendientes, y urbanos; en la sistemática violación a los derechos
humanos y las infracciones al DIH; en la precariedad de la población
carcelaria y en especial de los y las detenidas políticas que por su
estado de sujeción se ven excluidos de todos sus derechos; en la
criminalización de los sectores rurales; en la sistemática violencia
sexual ejercida contra las mujeres y niñas, hombres y niños que genera
no solo afecciones individuales sino afecciones colectivas que generan
rupturas del tejido social y familiar.
En consecuencia, la construcción de esta agenda social el Congreso
para la paz ratifica y propone como escenarios para la acción política:
1. Configurar espacios regionales y locales de diálogo (insurgencia, Gobierno, comunidades) para solucionar la crisis.
2. Promover y establecer una comisión de la verdad para esclarecer
los crímenes, los beneficiarios y los autores intelectuales de la crisis
humanitaria al tiempo que avanzamos en la exigencia de la libertad
inmediata para lxs luchadores detenidxs (presas y presos políticos)
arbitrariamente y le exigimos tanto al Estado como a las insurgencias el
cese bilateral al fuego.
3. La Ruta Social Común para la Paz, en la que seguiremos
participando de manera más activa y aunaremos esfuerzos para vincular
otras organizaciones sociales y políticas que le apuestan hoy a la Paz.
Es necesario que la tomemos como propia y definamos más claramente la
participación de todas las regiones en ella. Además de ello debemos
jalonar desde allí la construcción de una agenda de paz conjunta para el
país, que contemple iniciativas como las constituyentes por la paz.
4. La construcción de un espacio multilateral de dialogo, donde
juegue nuestra visión de paz, permita la participación directa y
decisoria de sectores populares, sociales y democráticos. Lo nuevo de
este escenario es que participaran los excluidos, los sin voz.
5. La construcción del movimiento social por la paz persiguiendo una
gran confluencia democrática y popular por la paz y los cambios. En este
propósito no partimos de cero, ya tenemos unos acumulados en cuanto a
movilización y encuentro con otros, requerimos que se escuchen muchas
más voces. Debemos retomar las experiencias que diversas comunidades han
venido construyendo en la conformación de territorios de paz. Estos
serían escenarios idóneos para desarrollar propuestas de diálogos
regionales.
Dicho movimiento debe reunir a los diversos sectores sociales y
políticos que coincidan en la necesidad de impulsar la movilización por
una agenda social de paz y la pertinencia de la participación de los
sectores populares en los procesos de paz. La unidad debe entenderse
como principio permanente de ampliación de la agenda política del
movimiento social por la paz y como la acción conjunta de diversas
expresiones políticas y sociales. Este debe ser ante todo un agente de
impulso de una agenda política por la superación del conflicto social y
armado y por la erradicación de las condiciones que lo hacen posible.
Por esa razón el movimiento por la paz cristaliza sus propósitos en la
acción política y la movilización por una sociedad con justicia social y
vida digna.
CONGRESO PARA LA PAZ
PUEBLOS CONSTRUYENDO PAZ PARA LA VIDA DIGNA
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