Mientras el Cerrejón puede estar gastando más de 17 millones de litros de agua, las personas solo acceden a 0.7 litros diariamente y la situación es cada día peor. La muerte lenta del Río Ranchería es paralela a la muerte del pueblo wayuu.
Por Guatila - Colectivo Agrario Abya Yala
Tomado de Palabras al Margen
Fuente de la imagen: http://www.pulzo.com
Hacia mediados de los años noventa San Vicente, Yabruma y La Horqueta eran asentamientos wayuu que vivían a orillas del Arroyo Bruno, en el municipio de Albania, al sur de La Guajira. Cuentan que sus habitantes no tenían títulos sobre sus tierras, pero ahí la vida era sabrosa y transcurría entre la caza de todo tipo de animales, el pastoreo de chivos y la pesca.
Durante 1998, la mina llegó para negociar las tierras de los viejos. En efecto, el plan de expansión minero contempla la ampliación del tajo La Puente y la desviación del Arroyo Bruno, pues bajo su lecho se encuentran más de 40 millones de toneladas de carbón. Aunque para entonces era claro que las comunidades étnicas tenían derecho a la consulta previa sobre sus territorios ancestrales -incluso si estos no estaban titulados como resguardos-, la empresa habría forzado ventas por la mitad del precio comercial, advirtiendo que podrían desalojarlos con la fuerza pública, como años más tarde lo hicieron con las comunidades de El Manantial, Tabaco y Oreganal. Los viejos accedieron a las leoninas negociaciones y con ese dinero compraron otras tierras a la mina para reasentarse en un lugar cercano al Arroyo.
Dieciocho años después, y en medio del más escandaloso escenario de sequía, desnutrición y crisis humanitaria en la Guajira -en la que se habla de la muerte de más de cinco mil niños wayuu-, la empresa y el gobierno mantienen la firme intención de desviar el Arroyo. De otro lado, la mina y los militares que financia, han cercado sus pasos tradicionales de pastoreo, vías del acceso al Río y territorios para la caza. La imposición de la mega-minería como forma de desarrollo para las comunidades indígenas y afros, bajo el argumento de la utilidad pública, es una de las manifestaciones más palpables de racismo y exclusión que el Estado colombiano ha desplegado en la región. Fundamentalmente, porque les supone condiciones que imposibilitan su ser y vivir de forma alternativa a la que impone la economía de enclave.
El desvío del arroyo es una agresión a los afluentes, acuíferos y zonas de recarga del Río Ranchería, principal fuente de agua en La Guajira. Con acierto, los wayuu señalan sobre las noticias acerca de su región que “la desnutrición no es falta de ayudas del gobierno, es falta de agua para poder sembrar”, pues la mina no es el único proyecto de acaparamiento de aguas en el departamento. Desde el nacimiento del Río Ranchería, los pueblos de la Sierra han venido denunciando la construcción de la represa “El Cercado”, sobre la cual la Procuraduría y diferentes órganos del Estado han informado que no cumple para ninguno de los propósitos que fue construida y que, al contrario, afecta la disponibilidad, la calidad, la hidrobiología y los volúmenes de aguas que transitan por el Río. La historia del Bruno le ha ocurrido a al menos 17 arroyos más que se han visto desviados o completamente destruidos por la extracción de carbón del Cerrejón.
En ninguna de estas intervenciones al Ranchería las autoridades, empresas e incluso la justicia, han considerado necesario contar con la participación de las comunidades que viven de las aguas del Río, porque según sus expertos en varios de estos casos “en la zona de influencia no se encuentran comunidades étnicas”. Durante años, el Cerrejón desconoció la presencia de comunidades afrodescendientes en la zona y se opuso a la realización de consultas previas, en un claro ejercicio de negación de la identidad cultural y del relacionamiento especial que el pueblo hosco mantiene con el territorio.
El pasado domingo, los gobiernos nacional y local visitaron las comunidades rivereñas del Bruno para prometer a las comunidades titulación y dotación de tierras, constitución de un resguardo, suministro de agua, ayudas y planes de compensación por el desvío, por $4.000 millones, entre otras medidas, que no son más que deudas históricas que el Estado tiene con esta región desde el inicio de las operaciones mineras.
No deja de sorprender que el gobierno y el Cerrejón ofrezcan compensaciones a las mismas comunidades sobre las que han sostenido que no se verán afectadas con el desvío; y aunque para los wayuu la palabra es la que da la confianza, tienen claro que la lista de acuerdos incumplidos del Estado con el pueblo es larga.
“Yo digo que la mina acabó con toda la alegría que nosotros teníamos, la alegría que le da a uno de vivir a la orilla de un arroyo” decía una de las autoridades de los asentamientos, mostrando que aun si las promesas se cumplen, difícilmente se podrá justificar para la historia que en cuarenta años permitimos el desplazamiento de un pueblo milenario, con sus alegrías y cultura, sometiendo a sus futuras generaciones a morir de sed. Mientras el Cerrejón puede estar gastando más de 17 millones de litros de agua, las personas solo acceden a 0.7 litros diariamente y la situación es cada día peor. La muerte lenta del Río Ranchería es paralela a la muerte del pueblo wayuu.
Las empresas han señalado los impactos ambientales sobre la disponibilidad de agua como consecuencias del cambio climático; sin embargo, no explican el uso desproporcionado que han hecho de las aguas y su contribución al calentamiento global. Las centrales de carbón del mundo consumen aguas que podrían responder a las necesidades básicas de más de mil millones de personas y, a su vez, la combustión del carbón produce tres cuartas partes de las emisiones de gas de efecto invernadero. Todo esto hace que tanto en su producción como en su consumo, el uso del carbón sea ambiental y éticamente insostenible.
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