El pulso entre los Acuerdos de la Habana y el sector militarista que representa Uribe, es en todo caso, una ventana de oportunidad en la que actores tan distintos como el Gobierno y las FARC comprendan que el asunto no es erradicar a las buenas o a las malas; más bien de decantar estrategias más apropiadas para la transformación de la vida en el campo, que permitan permanecer en él en condiciones dignas.
Por Marcela Rodríguez Tomado de Palabras al Margen Fuente de la imagen: www.elespectador.com
Aunque Francisco nació en un resguardo de las tierras bajas, llegó al Naya recién cumplió 15 años. Su familia buscaba tierras fértiles para cultivar en medio de la inclemente cordillera occidental que une el Océano Pacífico con las tierras del valle del río Cauca. Desde entonces, Francisco se ha dedicado a la agricultura y las tareas de la escuela de una de las comunidades indígenas. Le gusta sembrar yuca, pero solamente lo hace para su familia.
Para llegar a su casa en la región del Alto Naya, es necesario caminar diez horas por un filo de 24 km desde la última carretera pavimentada. Mover una arroba de cualquier producto cuesta $160.000 en mula, por eso allá las gaseosas valen $5.000 –me explica. Así es que completa los gastos de la casa con la siembra de una hectárea de coca. Cincuenta de esas matas son destinadas a los usos espirituales como lo mandatan las autoridades indígenas, y las demás las vende a los laboratorios que operan en el recóndito lugar.
Uno de los primeros recuerdos que tiene de ese territorio es la masacre del 11 de abril de 2001, en la que los paramilitares, militares y narcotraficantes consolidaron su control del Naya, usándolo como corredor estratégico entre las tierras del Cauca y el puerto de Buenaventura. Para las comunidades indígenas, la siembra exacerbada de coca fue una imposición de actores externos y la desidia del Estado. El supuesto combate que el Estado hace de este fenómeno justificó la intervención militar extranjera y una guerra que dejó una enorme deuda social por violaciones a los derechos humanos.
El narcotráfico minó las ventajas competitivas de las comunidades rurales: su fuerza del trabajo familiar, el trabajo colectivo y capacidad de autoconsumo. No obstante, hizo en menos de una década lo que el Estado dejó de hacer en un siglo: abrió trochas hasta lugares no imaginados y garantizó la comercialización del producto. La hoja de coca se convirtió en el oxígeno de las economías campesinas e indígenas y, de esa manera, permitió su permanencia en los territorios, a pesar de las políticas "desagrarizantes" del Estado y las élites terratenientes.
Veinte años después de las marchas cocaleras de 1997, la represión de sus líderes y el fracaso de las políticas para la lucha contra el narcotráfico, el Estado Colombiano ha iniciado una nueva política de sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco de los Acuerdos de la Habana con las FARC.
Francisco escuchó atento la socialización de los planes del Gobierno: una vez más hay zanahoria (beneficios para quienes erradiquen los cultivos de manera voluntaria –discriminando a quienes no han sembrado-); y garrote (erradicación forzada, fumigaciones, judicialización y acciones represivas por parte de la Fuerza Pública). La pavimentación de los 24 km para entrar al Naya, planes de desarrollo integrales y garantías para la comercialización, se establecen en un segundo plano y sin asignaciones presupuestales claras.
En el último año se han creado nueve batallones dentro del Ejército para la erradicación y se concentran en los lugares con más presencia de cultivos y grupos armados. En efecto, solo en abril de este año se realizaron erradicaciones forzadas en el Guaviare, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte del Santander, Cauca, Meta y Caquetá, algunas de ellas justo después de haber suscrito los acuerdos colectivos para la implementación de los planes de sustitución. Paralelamente, el Senador Álvaro Uribe envió a Estados Unidos una carta rogando intervención militar y química para detener el crecimiento de las hectáreas de cultivos; y las oficinas de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –COCCAM en Tumaco fueron allanadas.
Francisco recuerda los mil doscientos acuerdos incumplidos que el Gobierno tiene con el pueblo Nasa, la falta de entrega de las tierras que se comprometió a dar a las comunidades indígenas luego de la Masacre del Naya y los compañeros asesinados en los últimos meses en el marco de la minga por la Liberación de la Madre Tierra. No cree que la totalidad de los cultivos de la comunidad se encuentren en las bases de datos de Antinarcóticos, ni que la información de los cultivadores pueda estar segura para que se evite posteriores judicializaciones por Ley 30. Tampoco que el Gobierno tenga la capacidad de hacer en dos años lo que no ha podido en veinte.
Para él es claro que la estrategia para erradicar 50.000 Ha de cultivos incluye las presiones de los sectores militaristas para que también se erradique, reprima y expulse las comunidades, aun sobre los acuerdos a los que se llegaron con las FARC. Los cultivadores solamente se benefician del 1.4% de las ganancias, y aun así son el foco de la política represiva de lucha contra las drogas.
En efecto, hay un momento de crisis en donde se corren muchos riesgos, tal y como lo han señalado algunos académicos y organizaciones. En varias zonas del país se siente la ausencia de las FARC y comienzan a rearmarse otros grupos para el control de las rutas, laboratorios y cultivos. Según sus cálculos, las FARC solo estarían controlando el 30% de las áreas de cultivo. De otro lado, las erradicaciones forzadas están trayendo una nueva ola de paros y protestas de comunidades en las que la coca se ha convertido en fundamental para sus economías.
“En estas condiciones, si nos llegan a tocar las matas, nos tiramos a la Panamericana. […] De todas formas yo sí quiero sustituir mis matas de coca, yo sueño con hacer del Naya una zona ganadera con variedad de cítricos. Lo que nos interesa a nosotros es permanecer en el territorio. Ojalá el Gobierno acoja nuestras propuestas y nos de las garantías” –dice Francisco.
El pulso entre los Acuerdos de la Habana y el sector militarista que representa Uribe es, en todo caso, una ventana de oportunidad en la que actores tan distintos como el Gobierno y las FARC comprendan que el asunto no es erradicar a las buenas o a las malas; más bien de decantar estrategias más apropiadas para la transformación de la vida en el campo, que permitan permanecer en él en condiciones dignas.
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